Artículo 29 de la constitución española

españa derechos y libertades

El 6 de diciembre de 2018, el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. La fecha de la publicación de la ley es significativa ya que el Día de la Constitución marca el aniversario de un referéndum celebrado en España el 6 de diciembre de 1978.

En segundo lugar, la ley garantiza los derechos digitales de los ciudadanos y los empleados, más allá del GDPR. Por ejemplo, la ley incluye disposiciones sobre el derecho de acceso a Internet, el derecho a la educación digital, el derecho a la corrección en Internet y el derecho a la desconexión digital en el lugar de trabajo.

Se deroga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, salvo en lo que se refiere a varios artículos relacionados con el tratamiento de datos personales en los sectores policial y judicial hasta que una ley apruebe la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de estos datos, y se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo.

cuándo se redactó la constitución española

La historia constitucional de España se remonta a la Constitución de 1812. Tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, unas elecciones generales en 1977 convocaron a las Cortes Constituyentes (el Parlamento español, en su calidad de asamblea constituyente) con el fin de redactar y aprobar la Constitución.

Entre los miembros elegidos de las Cortes se seleccionó un grupo de siete miembros para trabajar en un proyecto de Constitución que se presentaría al organismo. Estos fueron conocidos, según los medios de comunicación, como los «padres de la Constitución». Estas siete personas fueron elegidas para representar el amplio (y a menudo, profundamente dividido) espectro político dentro del Parlamento español, mientras que el papel principal se le dio al entonces partido gobernante y ahora extinto Unión de Centro Democrático (UCD).

El escritor (y senador por designación real) Camilo José Cela pulió posteriormente la redacción del proyecto de Constitución. Sin embargo, dado que gran parte del consenso dependía de mantener la ambigüedad de la redacción, se aprobaron pocas de las reformulaciones propuestas por Cela. Una de las aceptadas fue la sustitución del arcaico gualda («color de soldadura») por el simple amarillo en la descripción de la bandera de España[cita requerida].

qué es la constitución española

Algunas de ellas, por supuesto, ya han sido afrontadas por el legislador en diferentes textos, más lejanos o recientes. De hecho, las normas que han cambiado o que complementan en algunos aspectos la competencia de la jurisdicción son ya tan numerosas y dispersas que justificarían una refundición en sí misma.

Desde este último punto de vista, la reforma compacta las medidas que garantizan la plenitud material de la tutela judicial en el orden administrativo-administrativo y el criterio favorable al ejercicio de las acciones y El Tribunal de Justicia ha estado a favor del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La preocupación por lograr un equilibrio entre las garantías, tanto de los derechos e intereses públicos y privados en juego, como del derecho y la calidad de las decisiones judiciales, con la celeridad de los procesos y la eficacia del tribunal es uno de los ejes de la reforma. Pues es evidente que una justicia tardía o meramente cautelar no satisface el derecho que el artículo 24.1 de la Constitución reconoce.

constitución española de 1931

La proclamación de la voluntad de garantizar la convivencia democrática y las leyes conforme a un orden económico y social justo; proteger a los españoles y a los pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, tradiciones, lenguas e instituciones; promover el progreso de la cultura y la economía para asegurar una calidad de vida digna; y establecer una sociedad democrática avanzada.

Derechos con protección especial: sólo la igualdad y los reconocidos en la Sección Primera del Capítulo Segundo, bien ante los tribunales ordinarios a través de un procedimiento preventivo y sumario, o eventualmente mediante recurso ante el Tribunal Constitucional. Esta protección especial es también aplicable a la objeción de conciencia (artículo 30). Además, estos derechos sólo pueden ser desarrollados por ley orgánica;

Todos los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo: se aplican a todos los poderes públicos; su ejercicio sólo puede ser regulado por ley, que en todo caso debe respetar su contenido esencial, pues en caso contrario la ley puede ser anulada por el Tribunal Constitucional;

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