Artículo 28 de la constitución española

Constitución española 1978 cataluña

Corresponde a la Generalitat de Cataluña la plena competencia para la regulación y administración de la enseñanza en todo su territorio, en todos los niveles y grados y en todas las modalidades y especialidades, dentro de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y en las Leyes del Parlamento desarrolladas de acuerdo con la parte 1 del artículo 81 de este documento, con las competencias atribuidas al Gobierno español en el punto 30 de la parte 1 del artículo 149 de la Constitución y con la inspección superior necesaria para garantizar su cumplimiento.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al que se incorporará el actual Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, es el órgano jurisdiccional que encabeza la organización judicial en su ámbito territorial y ante el que se agotarán los sucesivos derechos de recurso, en los términos del artículo 152 de la Constitución y de acuerdo con el presente Estatuto.
A petición de la Generalitat, el órgano competente convocará procesos selectivos y concursos para cubrir las plazas vacantes en Cataluña de Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y todo el resto del personal del Servicio de Administración de Justicia de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Comentarios

La historia constitucional de España se remonta a la Constitución de 1812. Tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, unas elecciones generales en 1977 convocaron a las Cortes Constituyentes (el Parlamento español, en su calidad de asamblea constitucional) con el fin de redactar y aprobar la Constitución.
Entre los miembros elegidos de las Cortes se seleccionó un grupo de siete miembros para trabajar en un proyecto de Constitución que se presentaría al organismo. Estos fueron conocidos, según los medios de comunicación, como los «padres de la Constitución». Estas siete personas fueron elegidas para representar el amplio (y a menudo, profundamente dividido) espectro político dentro del Parlamento español, mientras que el papel principal se le dio al entonces partido gobernante y ahora extinto Unión de Centro Democrático (UCD).
El escritor (y senador por designación real) Camilo José Cela pulió posteriormente la redacción del proyecto de Constitución. Sin embargo, dado que gran parte del consenso dependía de mantener la ambigüedad de la redacción, se aprobaron pocas de las reformulaciones propuestas por Cela. Una de las aceptadas fue la sustitución del arcaico gualda («color de soldadura») por el simple amarillo en la descripción de la bandera de España[cita requerida].

Constitución de españa

El 28 de enero de 2021 el Tribunal Constitucional español publicó una sentencia que declara nulos varios artículos del DL 17/2019 por considerar, entre otras cosas, que las disposiciones anuladas afectan a elementos básicos del derecho constitucional a la propiedad privada.
El Tribunal también consideró la vulneración del artículo 86.1 de la Constitución Española que impide utilizar un decreto ley (en lugar de una ley) para afectar al derecho constitucional de propiedad. En este escrito, resumimos los principales preceptos del DL 17/2019 que han sido declarados nulos y, por tanto, quedan sin efecto, afectando a las medidas relativas a las viviendas y unidades residenciales vacías.

Cómo citar la constitución española

La comparación de los sistemas de derechos fundamentales es difícil porque algunos conceptos similares se definen aparentemente de forma diferente y una comparación precisa requiere siempre un examen del entorno de la constitución en su conjunto, de la dogmática de la jurisprudencia constitucional y de las sentencias del tribunal constitucional, cuando éste existe. Por lo tanto, en este contexto no se puede dar más que una visión general de los distintos enfoques adoptados en las constituciones de los Estados miembros.
En comparación con otras constituciones recientes, la Constitución belga de 1994 sólo hace referencia a unos pocos derechos sociales fundamentales [22] . A pesar de esta limitación, Bélgica cuenta con una amplia legislación social y es, por tanto, un auténtico Estado del bienestar, aunque éste no se haya definido con detalle en la constitución [23] .
Cabe destacar que estos derechos no están reservados a los belgas, sino que pueden ser ejercidos por cualquier persona [25]. Así lo confirma el artículo 191 de la Constitución belga, según el cual todo extranjero goza en principio de la misma protección de su persona y sus bienes que cualquier nacional belga.

Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad