Artículo 252 de la constitución española

Constitución española artículo 155

– Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad recibido el 13 de enero de 2020 y transmitido por el Presidente del Tribunal Supremo español y formulado por el Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo español en relación con el procedimiento especial nº 3/20907/2017 el 10 de enero de 2020; visto el anuncio de dicho suplicatorio de suspensión de la inmunidad en el Pleno el 16 de enero de 2020,
– Vistos los artículos 8 y 9 del Protocolo nº 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta de 20 de septiembre de 1976 relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo,
– Visto el anuncio realizado en el Pleno del 13 de enero de 2020 de que, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019, el Parlamento toma nota de la elección de Carles Puigdemont i Casamajó como diputado al Parlamento Europeo con efectos a partir del 2 de julio de 2019,
A.  Considerando que el Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo español ha solicitado la suspensión de la inmunidad de Carles Puigdemont i Casamajó, diputado al Parlamento Europeo, en relación con el artículo 9, apartado 1, letra b), del Protocolo nº 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, en el marco del procedimiento especial nº 3/20907/2017 -el procedimiento penal por un presunto delito de sedición-, previsto en los artículos 544 y 545 del Código Penal español, y de un delito de malversación de fondos públicos, previsto en el artículo 432 del Código Penal español en relación con el artículo 252 del mismo;

Referéndum de la constitución española

Con independencia de esta incorporación, es necesario completar su transposición para adaptar determinados conceptos y requisitos del Real Decreto 736/1988, de 8 de julio, a las disposiciones de la Directiva 2007 /46/CE, de 5 de septiembre. En concreto, el citado real decreto permite realizar reformas en los vehículos antes de su matriculación, mientras que la Directiva 2007 /46/CE, de 5 de septiembre, no permite un procedimiento alternativo como el que se da en estos casos. Homologación individual de vehículos. Además, la evolución de la técnica y la experiencia resultante de la aplicación del Real Decreto 736/1988, de 8 de julio, en el largo tiempo transcurrido desde su entrada en vigor, hacen muy conveniente dar una nueva regulación a la tramitación de las reformas de vehículos.
En consecuencia, el objeto de este real decreto es aprobar una nueva y completa regulación en esta materia, procediendo a recoger la experiencia práctica de la aplicación de la norma que se sustituye e integrar la evolución técnica. Además, el nuevo reglamento tiene en cuenta las normas del Derecho de la Unión Europea, para garantizar mejor las condiciones de seguridad activa y pasiva de los vehículos y su comportamiento respecto a la protección del medio ambiente, así como la necesidad de mejorar la seguridad de los vehículos. colaborar en la defensa de los derechos de los consumidores.

Constitución española de 1978 resumen

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 14 de mayo de 2019 (C-55/18), ha concluido que es contraria al Derecho de la Unión Europea la interpretación que hace la jurisprudencia interna de la legislación de un Estado miembro de que los empresarios no están obligados a establecer un sistema de cómputo del tiempo de trabajo diario de cada trabajador.
La sentencia del Tribunal Constitucional 56/2019, de 10 de junio (auto de amparo 901/2018), ha declarado que la creación de un puesto de trabajo exclusivamente formal y desprovisto de funciones reales y, posteriormente, el mantenimiento de un funcionario inactivo en el trabajo durante un periodo prolongado de tiempo constituye un acoso laboral que vulnera el derecho a la integridad moral del artículo 15 de la Constitución Española.
En la sentencia 864/2018, de 26 de septiembre (recurso de casación 1352/2017), el Tribunal Supremo considera que la trabajadora que ejerce el derecho a suspender su contrato de trabajo por parto y que solicita al Instituto Nacional de la Seguridad Social el reconocimiento de la prestación por maternidad puede, con posterioridad a su solicitud, ceder parte de ese periodo de descanso tras el parto al otro progenitor, que tendrá derecho a percibir la correspondiente prestación por maternidad derivada de dicha cesión.

Constitución española de 1876

La crisis constitucional española va en aumento, y ahora -por fin- ha encontrado una atención más amplia, gracias al referéndum del 1 de octubre y a la violencia de la policía española que intenta impedir su celebración. Aún así, reina mucha confusión sobre cómo enfocar la crisis, aparte de la obvia condena de las violaciones de los derechos humanos durante el referéndum y en las semanas previas. Habiendo sido un observador cercano del desarrollo de la crisis durante la última década, he aquí algunos intentos de aclaración.

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