Actos de comunicacion en el proceso penal

petición del artículo 127

Aunque hay muchos tipos de delitos, los actos delictivos pueden dividirse generalmente en cinco categorías principales: delitos contra una persona, delitos contra la propiedad, delitos incoados, delitos legales y delitos financieros.
Los delitos contra una persona son aquellos que provocan un daño físico o mental a otra persona. Pueden dividirse en dos categorías principales, formas de homicidio y otros delitos violentos. Cuando el daño físico a otro individuo es tan grave que causa la muerte, un acusado puede ser acusado de cualquiera de los varios tipos de homicidio, incluyendo, por ejemplo, asesinato en primer grado, homicidio voluntario u homicidio vehicular. Por el contrario, los delitos violentos, que también son muy graves, incluyen:
Los delitos contra la propiedad suelen implicar la interferencia con la propiedad de otra parte. Aunque pueden implicar un daño físico o mental a otra persona, principalmente resultan en la privación del uso o disfrute de la propiedad. Muchos de los delitos contra la propiedad son delitos de robo, incluyendo el robo con allanamiento de morada, el hurto, el robo de automóviles y el hurto en tiendas.

ley de comunicaciones de 2003, artículo 127

Cuando un fiscal (incluido un fiscal militar; en lo sucesivo se aplicará lo mismo), un funcionario de la policía judicial (incluido un funcionario de la policía judicial militar; en lo sucesivo se aplicará lo mismo) o el jefe de un organismo de inteligencia e investigación censure el correo o intervenga las telecomunicaciones (en lo sucesivo denominadas “medidas de restricción de las comunicaciones”) para la investigación penal o la seguridad nacional o cuando grabe o supervise conversaciones no divulgadas entre terceros, sólo lo hará cuando las medidas de restricción de las comunicaciones o la grabación o supervisión de las conversaciones sean especialmente necesarias y cuando se cumplan todos los requisitos prescritos por la Ley de protección del secreto de las comunicaciones (en lo sucesivo denominada la “Ley”); e incluso si adopta medidas de restricción de las comunicaciones o graba o supervisa las conversaciones tras obtener un permiso o aprobación de conformidad con la Ley, deberá cesar inmediatamente dichas actividades cuando se considere innecesario continuar con ellas, garantizando así que la violación de los secretos de las comunicaciones de las personas se limite al mínimo.

ley de comunicaciones maliciosas 2003

– Dictamen nº 7 (2005) del Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) a la atención del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre “Justicia y Sociedad”, adoptado por el CCJE en su 6ª reunión (Estrasburgo, 23-25 de noviembre de 2005) (citado: Dictamen nº 7 CCJE).
– Dictamen (2013) n.º 8 del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos sobre las relaciones entre los fiscales y los medios de comunicación, adoptado por el CCPE en su octava reunión plenaria (Ereván, 8-9 de octubre de 2013) (citado: Dictamen n.º 8 CCPE).
11.    Hoy los jueces y fiscales deben saber -y muchos ya son conscientes de ello- que no pueden sustraerse a la cobertura mediática de una parte cada vez mayor de su actividad y que las instituciones judiciales, nolens volens, deben afrontar los retos de la comunicación.
12.    Esta tendencia también está relacionada con la creciente necesidad de transparencia de todas las actividades del Estado. La transparencia es vital para un funcionamiento eficiente del sistema de justicia, ya que dota a los tribunales y a los fiscales de la confianza y el respeto del público, y al mismo tiempo promueve una imagen positiva. La confianza del público en la justicia también depende de la comprensión de la actividad judicial. Esta comprensión es también una condición para el acceso de los ciudadanos a la justicia.

código de procedimiento penal alemán

Las “directrices provisionales” del Director de la Fiscalía (diciembre de 2012) para los juicios por redes sociales incluyen el uso del artículo 127. Éstas intentan limitar el uso del artículo 127 a los casos que van más allá de los que son “ofensivos, chocantes o perturbadores; o satíricos, iconoclastas o groseros; o la expresión de una opinión impopular o fuera de moda sobre asuntos serios o triviales, o bromas o humor, incluso si son desagradables para algunos o dolorosos para quienes los padecen”[1].
Entre el 25-07-2003 y el 31-12-2011 hubo 5.316 personas declaradas culpables en los tribunales de primera instancia de Inglaterra y Gales por delitos contemplados en el artículo 127. Estas cifras incluyen las llamadas telefónicas y los mensajes de texto obscenos, así como las comunicaciones por Internet.
No se trata sólo de la aplicación excesiva del artículo 127, sino de la libertad de expresión en general. Los comentarios de Ahmed, a diferencia de otros juicios, eran estrictamente políticos: no había matices raciales, ni intentos de humor desagradable, ni humor que pudiera haber sido malinterpretado como incitación a la violencia.