5 bis ley concursal

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El 8 de marzo de 2014 se publicó el Real Decreto-ley 4/2014 de medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial (la Nueva Reforma), en un intento de mejorar la Ley Concursal española.

La Nueva Reforma reconoce que existía un grado de inflexibilidad dentro de ciertos aspectos de los regímenes de preinsolvencia e insolvencia de España que estaba desalentando a los acreedores financieros a entrar en acuerdos de refinanciación y, por lo tanto, la Nueva Reforma persigue fomentar las discusiones de refinanciación, entre otras cosas, proporcionando un entorno de preinsolvencia más firme en el que los principales activos del deudor están protegidos contra la ejecución de los acreedores no garantizados.

En pocas palabras, el ámbito concursal español ha venido evidenciando constantemente que aunque una empresa concursada pueda ser viable desde el punto de vista operativo al final acaba en liquidación debido a su excesiva carga de deuda.

De acuerdo con la Ley Concursal española, los administradores de la empresa están obligados a solicitar el concurso de acreedores ante el Juzgado en el plazo de dos meses desde que conocieron o debieron conocer que la empresa no puede cumplir regularmente sus obligaciones a su vencimiento (el llamado test de liquidez), encontrándose en situación de insolvencia actual.

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Mediante el Decreto Ley nº 23 de 8 de abril de 2020, (en vigor a partir del 9 de abril de 2020), el gobierno italiano adoptó determinadas medidas concursales para apoyar a las empresas tras la crisis provocada por la actual emergencia epidémica.

En primer lugar, las medidas adoptadas incluyen el aplazamiento de la reforma de la legislación concursal italiana, prevista en el Decreto Legislativo nº 14 de 12 de enero de 2019, cuya entrada en vigor estaba prevista inicialmente para el 15 de agosto de 2020.

El objetivo de este aplazamiento es evitar que la situación actual distorsione las razones de la introducción del Código de Crisis e Insolvencia. El objetivo de la reforma de la ley de quiebras es, principalmente, gestionar una crisis empresarial mediante una identificación temprana de los riesgos de insolvencia. Para lograr este objetivo, la reforma de la ley de quiebras establece, respectivamente, los instrumentos de alerta de crisis («indicatori della crisi») y las facilidades de resolución de asistencia («strumenti di composizione assistita della crisi»).

Dado el actual bloqueo, los principales impulsores del Código de Crisis e Insolvencia no podrían desempeñar adecuadamente su función y, en consecuencia, no cumplirían sus objetivos e incluso podrían generar efectos potencialmente perturbadores.

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Cubre los temas más comunes en materia de reestructuración e insolvencia, incluyendo las cuestiones que surgen cuando una empresa tiene dificultades financieras, las opciones de reestructuración, los procedimientos de insolvencia, los impuestos, los empleados y las cuestiones transfronterizas en 25 jurisdicciones

Italia es conocida por ser una jurisdicción favorable a los deudores.    Esto se debe a la duración de nuestros procedimientos judiciales, que permiten al deudor retrasar el calendario de pagos.    Sin embargo, todas las reformas recientes han establecido normas que harán la vida del deudor lo más dura posible.    A modo de ejemplo, el Decreto Legislativo de 12 de enero de 2019, n. 14, comúnmente conocido como Código de la Insolvencia y de la Crisis Empresarial (Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza – el «Código de la Insolvencia»), que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2021, ha establecido nuevas normas relacionadas con los grupos de empresas, los procedimientos de alerta temprana y las propuestas concurrentes en los procedimientos de concurso de acreedores, que son ejemplos concretos de los esfuerzos realizados para crear un sistema más equilibrado que proteja los intereses de todas las partes interesadas.

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El concurso de acreedores es un proceso judicial que se inicia a instancia de parte, con una solicitud que puede ser presentada por el deudor (concurso voluntario), por un acreedor (concurso forzoso) o por cualquier otra persona a la que la Ley Concursal atribuye legitimidad, como los socios.

El artículo 5 de la Ley Concursal (Ley 22/2003, de 9 de julio), establece la obligación del deudor de presentar el concurso en el plazo de dos meses desde que el deudor hubiera conocido o debiera conocer su estado de insolvencia.

Antes de la reciente reforma de la Ley Concursal aprobada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, el artículo 5.3 permitía la posibilidad de ampliar el plazo para solicitar el concurso voluntario a cuatro meses, pero sólo para aquellos deudores que estuvieran en situación de insolvencia actual. Con la reforma de la Ley Concursal, el nuevo artículo 5 bis permite ampliar el plazo en tres meses para aquellos deudores que se encuentren en situación de insolvencia actual y de insolvencia inminente.

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